La Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio, tiene como objetivo fundamental la continuidad de las empresas, cuando estas sean total o parcialmente viables, a través de un Convenio suscrito por el deudor con sus acreedores y todo ello en el marco de un procedimiento judicial denominado

Concurso de Acreedores

en el citado cuerpo legal.

El Convenio es un instrumento jurídico que el empresario puede utilizar para gestionar sus impagados, permitiendo conseguir una quita o reducción, sin contraprestación, de hasta el 50% de lo adeudado y pactar una espera de cinco años sin intereses. Es decir, si el pasivo exigible es de 1.000.000 €, se podrá proponer un convenio que permita saldar la deuda en cinco años pagando 100.000 € cada año. En este sentido, el

Concurso de Acreedores

se concibe como un beneficio que la ley otorga al deudor para salir y superar la situación de crisis dando viabilidad a la empresa.